Actualizado: octubre de 2026
Si te planteas demandar (o te han demandado) en materia laboral o de Seguridad Social, seguramente te preguntes dos cosas: si ganas, ¿tendrá que pagar la otra parte a tu graduado social o abogado? Y si pierdes, ¿podrías acabar pagando al profesional de la parte contraria? Esas cantidades se llaman costas y en la jurisdicción social funcionan de forma muy distinta a la civil.
Respuesta rápida
- Si eres trabajador o beneficiario de la Seguridad Social: en la práctica, no pagarás las costas de la parte contraria, aunque pierdas. La ley te reconoce justicia gratuita por esa sola condición, sin tener que acreditar falta de recursos.
- Si eres empresario: en primera instancia, por regla general cada parte paga a su propio profesional. Pero puedes ser condenado a pagar los honorarios del profesional del trabajador en casos concretos y, sobre todo, cuando pierdes un recurso o en la fase de ejecución.
¿Qué son las costas judiciales?
Las costas son los gastos que genera el proceso. La Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 241), que se aplica de forma supletoria en el proceso laboral (D.F. 4ª LRJS), incluye en ellas:
- Los honorarios de la defensa y de la representación técnica.
- Los anuncios o edictos que deban publicarse obligatoriamente.
- Los depósitos necesarios para presentar recursos.
- Los derechos de peritos y otros abonos a personas que intervienen en el proceso.
- Copias, certificaciones, testimonios y documentos similares exigidos por la ley.
- Los derechos arancelarios de actuaciones necesarias para el proceso.
- La tasa judicial, cuando sea obligatoria.
Sin embargo, en la práctica del proceso laboral las costas se reducen casi siempre a una cosa: los honorarios del graduado social colegiado o del abogado de la parte contraria.
¿Cuándo puede imponerse la condena en costas?
En primera instancia, la regla general es que no hay condena en costas. Hay excepciones en las que, si el empresario resulta condenado, deberá abonar también los honorarios del profesional de la otra parte (arts. 66.3 y 97.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, LRJS):
- Si no comparece sin causa justificada al acto de conciliación previa y la sentencia coincide esencialmente con lo que pedía el trabajador.
- Si se aprecia que ha actuado con mala fe o temeridad.
En los recursos, la sentencia impone las costas a la parte que pierde el recurso, e incluyen los honorarios del profesional de la parte contraria (art. 235 LRJS). También se prevén en la revisión de sentencias firmes (art. 236 LRJS).
En la ejecución, es decir, cuando hay que forzar el cumplimiento de la sentencia, las costas se imponen a la parte ejecutada (art. 251.1 LRJS).
La ley fija un límite máximo para los honorarios que se pueden reclamar:
| Fase | Supuesto | Límite de honorarios |
|---|---|---|
| Primera instancia | Incomparecencia injustificada a la conciliación previa, si la sentencia coincide esencialmente con la demanda | 600 € |
| Primera instancia | Mala fe o temeridad del empresario | 600 € |
| Recurso de suplicación (ante el TSJ) | Parte que pierde el recurso | 1.200 € |
| Recurso de casación (ante el Tribunal Supremo) | Parte que pierde el recurso | 1.800 € |
| Revisión de sentencias firmes (ante el Tribunal Supremo) | Parte que pierde | 1.800 € |
| Ejecución dineraria | Parte ejecutada | Hasta el 10 % de la cantidad reclamada como principal |
¿Quién no puede ser condenado en costas?
Aunque se den los supuestos anteriores, no pueden ser condenados en costas quienes tienen reconocido el beneficio de justicia gratuita (art. 2 de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita):
- Los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, por el simple hecho de serlo, sin necesidad de demostrar que carecen de recursos.
- Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social (INSS, TGSS, ISM, etc.). También el SEPE, como entidad gestora de las prestaciones por desempleo (STS, Sala de lo Social, de 26 de abril de 2024 y STS, Sala de lo Social, de 1 de diciembre de 2023).
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha distinguido al SEPE de otros organismos autonómicos, que asumen competencias transferidas. Estos no son titulares del derecho de asistencia jurídica gratuita reconocida a las Entidades Gestoras (STS, Sala de lo Social, de 12 de junio de 2024).
- Las personas físicas y jurídicas (asociaciones de utilidad pública y fundaciones que actúen como empleadoras) que acrediten insuficiencia de recursos para litigar y se les reconozca el derecho de asistencia jurídica gratuita.
- Los sindicatos.
- Los funcionarios y el personal estatutario, cuando ejercitan sus derechos como empleados públicos ante la jurisdicción social.
¿Quién sí puede ser condenado en costas?
Las Mutuas de la Seguridad Social, al ser entidades privadas, sí pueden ser condenadas en costas.
El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) sí puede ser condenado en costas. Aunque es un organismo autónomo y actúa en defensa de intereses públicos, no goza del beneficio de justicia gratuita reconocido a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
Así, por ejemplo, la STSJ de Asturias, de 27 de diciembre de 2022, impuso al FOGASA las costas de una suplicación desestimada, incluidos honorarios profesionales por 500 euros más IVA.
El Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y otros entes públicos también pueden ser condenados en costas en el orden social (art. 13.3 de la Ley 52/1997 y STS, Sala de lo Social, de 12 de junio de 2024).
Un ejemplo práctico
Un trabajador es despedido y demanda. El juzgado declara el despido improcedente y la empresa recurre en suplicación. Si el TSJ desestima el recurso, la empresa pagará los honorarios del profesional del trabajador, hasta 1.200 €. Si, por el contrario, fuera el trabajador quien perdiera un recurso, no tendría que pagar las costas de la empresa, porque goza de justicia gratuita.
En resumen
La condena en costas es mucho más restringida en la jurisdicción social que en la civil y depende de dos factores:
- La instancia y la fase del procedimiento. En primera instancia, cada parte paga a su profesional, salvo las excepciones que afectan al empresario. En recursos, revisión y ejecución, sí procede la condena en costas.
- Quién es el litigante. Quienes gozan de justicia gratuita (entre ellos, los trabajadores) no pueden ser condenados en costas.
¿Te ayudamos?
El proceso laboral puede complicarse, y tanto si demandas como si te demandan conviene contar con un profesional que defienda tus intereses. Ese profesional también valorará si es viable pedir la condena en costas a la parte que pierda.
En InnovaPlus Asesores te asesoramos en materia Jurídico-Laboral y de Seguridad Social. Siempre que sea posible, buscamos resolver tu asunto de forma extrajudicial, mediante un acuerdo entre las partes. Y si no lo es, te representamos técnicamente en la vía judicial para que logres el reconocimiento de tus derechos: cobro de cantidades pendientes, indemnización o readmisión, reconocimiento de una prestación de la Seguridad Social, etc.
